En la semana se han implementado políticas en materia de contrataciones públicas para «cumplir con más eficacia y economía sus objetivos en aras del bienestar general», según reza la normativa que les dio origen.
A partir de estas disposiciones, la Administración Nacional, conformada por la administración central y los organismos descentralizados, incluidas las instituciones de seguridad social, deberán contratar determinados servicios con empresas estatales, o utilizar la gran escala del Estado para conseguir condiciones más beneficiosas.
La política de contrataciones se estructura a través de cinco decretos. Uno de ellos establece que las jurisdicciones deberán implementar el pago de haberes al personal mediante el Banco de la Nación Argentina, generando de esa forma una sinergia positiva entre las entidades públicas, y aprovechando la vasta red de sucursales del BNA. La idea es clara y está expresada en el Decreto 1187/12: canalizar el poder de compra del Estado Nacional hacia entidades que revisten naturaleza pública, sin dejar de considerar cuestiones relativas a contratar asegurando servicios de calidad.
Otra medida determina que las adquisiciones de automotores destinados al cumplimiento de los objetivos institucionales deberá realizarse a través de Nación Leasing SA, que representa una notable ventaja, no sólo porque permite un mejor proceso de planificación, lo cual lleva a la obtención de mejores precios, sino porque además permitiría un mayor control de la flota de vehículos.
La mejora en la planificación y la utilización de la gran escala que tiene el sector de administración nacional se aplica en el caso de los servicios de telefonía celular móvil, radio y transferencia de datos, contrataciones en las cuales la escala sí importa, porque además son realizadas con empresas privadas. Al realizarse como hasta el momento, en forma individual, la contratación de estos servicios resulta antieconómica e ineficiente. De allí que se centraliza la gestión del proceso de contratación para obtener mejores condiciones. Se encomienda entonces a la Jefatura de Gabinete la realización de acuerdos marco para que las distintas jurisdicciones puedan participar de los mismos.
Otra de las decisiones establece que las jurisdicciones de la Administración Nacional deberán contratar con YPF SA la provisión de combustible y lubricantes para la flota de automotores, embarcaciones y aeronaves oficiales. De la misma forma, se establece que las jurisdicciones deberán contratar con Aerolíneas Argentinas, Austral y LADE los pasajes aéreos que se requieran para el cumplimiento de los objetivos de las administraciones; en este caso, y a diferencia de los otros cuatro decretos, la obligación se extiende a las empresas y sociedades del Estado.
Si bien todas estas medidas tienden a mejorar la eficacia en las contrataciones estatales, se destacan porque revalorizan el papel del Estado y de las empresas estatales. Se trata de un Estado activo, convencido de su importancia en la gestión de la economía, de su participación directa en la producción de bienes y servicios estratégicos, y a través de ella diseña las políticas a largo plazo.
Es un momento ideal para pensar en continuar con esta utilización del poder de compra estatal, y extender las preferencias en las compras a las cooperativas y al resto de las empresas de la economía social; el compre pyme también es un camino importante para transitar. Ambas políticas impactarían positivamente en sectores que requieren de inaplazables estrategias de fomento.
Las medidas implementadas se entienden como parte de un Estado que planifica a largo plazo, una rareza no vista desde la gestión de José Ber Gelbard al frente del Ministerio de Economía entre 1973 y 1974. Esta voluntad por la planificación se comenzó a expresar en la formulación de los Planes Estratégicos Industrial y Agroalimentario y Agroindustrial 2020, y se evidencia con la nacionalización de YPF, que es una apuesta hecha principalmente hacia el futuro, además de contribuir a la solución de los problemas actuales.
Significa recuperar potestades que fueron extirpadas dolorosamente en la década de los ’90, cuando el objetivo de la gestión gubernamental, amparado en el Consenso de Washington, fue la desarticulación de las capacidades empresariales y de gestión del Estado, no sólo privatizando empresas estatales, sino también liberalizando gran cantidad de funciones propias del Estado.
Un lastre del cual es muy difícil desprenderse, porque hay que volver a reconstruir gran parte de lo que se remató a precio vil, pues el interés no estaba en conseguir ingresos, sino en desarticular el Estado.
No es una tarea fácil, en muchos casos hay que partir de empresas deterioradas por las malas administraciones privadas, como prácticamente todos los casos de re estatizaciones que se realizaron en los últimos años, de los cuales destacan Aerolíneas Argentinas y Austral e YPF, y que –con sus particularidades y diferencias– enfrentan grandes desafíos para ser parte del desarrollo que persigue el país.
Una desarticulación del Estado que se extendió a todos los órdenes y arrebató uno de los bienes más preciados como lo es la moneda nacional, intentando vanamente dolarizar la economía, llevando al país a estallar, un proceso muy similar al que están viviendo muchas de las economías de lo que se ha denominado la periferia europea, a las que, al igual que en nuestro país, se les prometió arribar al primer mundo a costa de resignar sus monedas. La historia está demostrando, como ya lo ha hecho en la Argentina, que las asimetrías y los problemas derivados de ellas no se arreglan por la prepotencia de unificar una moneda o atar la propia a una divisa extranjera.
Son herencias que resulta muy difícil revertir, el Estado debió hacerse cargo de grandes empresas totalmente descapitalizadas, mientras que las nuevas medidas de administración de divisas deben lidiar con la cultura dolarizadora y desreguladora que se incentivó en los noventa.
Las actuales políticas de un Estado activo también interpelan a las desquiciadas políticas de ajuste aplicadas en Europa, que hasta han alarmado al FMI, que recomendó a España un proceso de consolidación fiscal «menos inmediato», con más peso en las medidas relacionadas con los ingresos, recomendaciones similares dadas también a Grecia. Pero en ninguno de los dos casos levantó las opresivas metas de reducción del déficit fiscal y de privatizaciones.
En ese entorno, las medidas que implican una recuperación de la capacidad de gestión del Estado, tanto en su intervención en la economía como en su administración, deben ser especialmente valoradas. También plantean el desafío de ir diseñando una nueva forma de gestión pública, que, según nuestro parecer, debería gestarse en forma tripartita con la participación de los usuarios, trabajadores y de los estamentos estatales. Es importante avanzar con la utilización de herramientas de democracia participativa, para que el pueblo comience a intervenir en las decisiones concretas de la gestión pública.
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 22 de julio de 2012.