El proyecto que está siendo tratado por el Congreso sobre la recuperación de la soberanía hidrocarburífera es un claro y valiente avance hacia la profundización y mejoramiento del modelo iniciado en 2003, que derivará en mejores condiciones para el funcionamiento de la economía y la gestión de nuestros recursos naturales.
La decisión más importante plasmada en este proyecto está expresada en el artículo 1º, por el cual se declara de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como su explotación, industrialización, transporte y comercialización. Esta definición apunta a desandar el camino de la privatización de los recursos hidrocarburíferos, poniéndolos bajo el paraguas de interés público.
La expropiación del 51% del patrimonio de YPF SA, proveniente de las acciones de Repsol, se orienta a que el Estado tome el control efectivo sobre la emblemática empresa fundada por Mosconi, para que esta sea la vanguardia de la política de hidrocarburos.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró que la reforma constitucional de 1994 le sacó poder de negociación al Estado porque fragmentó ese poder, dejándolo en manos de provincias que debieron enfrentarse a compañías de altísimo poder de inversión, una expresión con la cual acuerdo. A resolver este problema se encamina la distribución de las acciones expropiadas, con el 51% para el Estado Nacional y el 49% para las provincias productoras, a partir de un pacto de sindicación de esas acciones que permite obtener un control eficiente y una gestión cohesionada.
Además, el proyecto de ley del Ejecutivo resulta una fuerte barrera a futuras privatizaciones, al declarar que la expropiación se realiza por causa de utilidad pública, prohibiendo la transferencia de tales acciones, salvo con la aprobación de las dos terceras partes de los miembros del Parlamento, lo que le da una fuerte impronta de continuidad y seguridad jurídica.
Hemos tenido un desfasaje entre el crecimiento significativo de la economía sin que el balance energético haya acompañado esa evolución, porque para los responsables de Repsol evidentemente el objetivo no era invertir sino llevarse los beneficios fuera del país.
Las presiones serán fuertes, aunque la única vía legal que le queda a Repsol es acudir al Ciadi en función del tratado bilateral de inversiones entre la Argentina y España, lo que pone de relieve la vigencia de los más de 50 tratados bilaterales de inversión que limitan significativamente la soberanía argentina, sobre los que habría que evaluar su desactivación, como otro avance más en la profundización del modelo.
Por su parte, en estos pocos días, Repsol ha venido bajando el nivel de indemnización que dice solicitará al Ciadi; lo que comenzó con 10.500 millones de euros, terminó en 8000 millones de euros, según la última información, dubitación que indica la dificultad en la valuación de lo que corresponde pagar.
Más allá de estas cuestiones legales, se han desarrollado un sinnúmero de presiones y amenazas, en su mayoría sin posibilidad de llevarse a la práctica, provenientes del gobierno español y de la Unión Europea (UE). También se evidenciaron conductas de tipo xenófobo hacia los argentinos en España, desde graffitis insultante, hasta un ominoso letrero colocado en un bar de una populosa ciudad: “Queda prohibida la entrada a argentinos.” Pero entre estas actitudes, descuella la admonición del secretario de Estado de la UE, quien advirtió que Argentina puede convertirse en un “apestado”.
La mayoría de estas expresiones se fundan en una idea fuerza: “quien ataca a Repsol, ataca a España”, una frase sin consistencia alguna, puesto que la expropiación no es un ataque, es un acto soberano de un gobierno que estará sujeto a un posterior pago de indemnización y, a lo sumo, la disputa puede rondar sobre el monto de esa indemnización. Varios argentinos se han plegado a esta idea, como la historiadora María Sáenz Quesada, quien expresó que “la expropiación humilla a España” (El Cronista, 20/04/12).
Pero, además, lo más grave es asociar los intereses de una empresa privada lucrativa a los intereses de una Nación; esta idea sólo se sostiene desde el punto de vista del neoliberalismo más rancio, que sobrepone los intereses del capital a los intereses consulares, e incluso al sufrimiento de sus propios habitantes. Sobre este tema resulta interesante la postura de Izquierda Unida, un movimiento político y social español, cuyo secretario sostiene que “el gobierno español debería ocuparse de defender la soberanía española en lugar de confundir la Patria con el consejo de administración de una petrolera, que ni siquiera tributa en España todos sus beneficios, ni el 50% de su capital es español” (BAE, 18/04/12).
Esta postura se contrapone, obviamente, con las declaraciones del presidente español Mariano Rajoy, quien aseguró esta semana que la expropiación de YPF era “injustificable” y que lo ocurrido “afecta y mucho a la reputación internacional de Argentina”, a la vez que aconsejó imponer todo tipo de restricciones comerciales a nuestro país.
Sin duda, esta actitud del presidente español contrasta con las declaraciones realizadas en 2008, al asumir como el líder de la oposición, cuando dijo: “Nuestro petróleo, nuestro gas y nuestra energía no se pueden poner en manos de una empresa rusa porque eso nos convertiría en un país de quinta división”, ante la posibilidad que la empresa rusa Lukoil comprara Repsol.
Estas declaraciones y cambios de la derecha española, acomodándose a las circunstancias, establecen una gran similitud con las actitudes de un conspicuo representante de la derecha argentina, Mauricio Macri, quien salió a criticar crudamente la expropiación de YPF, expresando: “Los argentinos vamos a estar peor en un año de lo que estamos hoy y, no tengo duda, por eso me atrevo a decir algo tan grave.”
Hay una fuerte vinculación ideológica entre el PRO y el PP español, que se expresa, entre otras, en la entusiasta acogida que ha dado Macri en la Ciudad de Buenos Aires a la reunión del año pasado de la Sociedad Mont Pelerin, pilar del neoliberalismo mundial desde 1947, y donde compartió charlas con José María Aznar, del PP español, y Mario Vargas Llosa, entre otros tantos neoliberales.
Sin embargo, esta adhesión ideológica no pudo contra las encuestas que evidencian un fuerte apoyo popular a la recuperación de YPF, y Macri salió a comunicar que si fuera presidente en 2015 no volvería atrás con la expropiación de YPF, dando un giro copernicano a su postura, y a pesar de haberse mostrado preocupado, dos días atrás, por el futuro de su hija Antonia ante medidas políticas como la expropiación de Repsol.
Mientras tanto, la YPF nacionalizada avanza y además de haber decidido la ampliación de la producción de refinados en un 5 %, acaba de firmar un acuerdo con la empresa francesa Total para incrementar en 2 millones de metros cúbicos por día la producción de dos cuencas gasíferas que comparten junto con Pan American Energy, lo que permitiría aumentar los niveles de gas disponibles en el país en un 2 por ciento. De a poco se va avanzando en el prioritario objetivo de volver al autoabastecimiento energético, una tarea titánica en el mediano plazo, pero que con el nuevo proyecto de soberanía energética se vislumbra posible.
Esta nota fue publicada en Tiempo Argentino el 22.04.2012