Creo que el reclamo de la Argentina ha tomado un camino novedoso que hasta ahora no había tenido. El planteo de la Cancillería Argentina incluye una serie de medidas legales y normativas que tienden a impedir, o a dificultar la extracción ilegítima de recursos energéticos en el Atlántico Sur. Es decir, que el estado accionará legalmente no solo contra las empresas que están explotando (que son cinco), sino que también contra las firmas que prestan servicios, tanto logísticos como financieros. En ese listado aparecen bancos de marca, como el Credit Suisse, el Barclays, el Morgan Stanley, el Lloyds, el Royal Bank of Scotland, Merrill Lynch, o Goldman Sachs.
Creo que en realidad estamos frente a una medida concreta y real que le da al conflicto una visión distinta. Muestra que hay un tema de intereses materiales enormes, dejando se ser la soberanía una cuestión abstracta o simbólica, como a algunos intelectuales anti-kirchneristas les gusta decir. La soberanía, de esta manera, se vuelve operativa, concreta.
Un ejemplo claro de esto último lo dio el diario La Nación cuando publicó, con datos británicos, que “según Edison Investment Research, los pozos explorados en las islas poseen recursos potenciales de 8.000 millones de barriles, lo que podría suponer un total de 167.000 millones de dólares de beneficios para Gran Bretaña». Si esto es abstracto o simbólico, creo que hay que ordenar nuevamente todo el pensamiento.
La Argentina tomó una decisión que no tiene otro camino que el de la vía diplomática. Nuestro país lo que pide es que Inglaterra se siente a negociar tal como se expresa en las resoluciones de Naciones Unidas y del Comité de Descolonización de Naciones Unidas.