El DNU firmado por la presidenta en la que se eliminó la restricción que impedía al Estado tener una representación mayor al 5% en las empresas en las que tiene participación accionaria, desató una veja discusión de entre los defensores del “estado bobo” y los que creemos que el estado debe asumir en plenitud sus derechos, sobre todo cuando se trata de representar el interés del conjunto de la sociedad.
Para el sentido común es casi ofensivo escuchar que se argumente de “ilegitimidad” al derecho de alguien, que tiene el 30 por ciento de una empresa, no pueda tener el 30 por ciento de la representación en la conducción que toma las decisiones.
Por otro lado, y contrariamente a lo que se ha escuchado durante esta semana, creo que debe quedar claro que no hay ningún avance del estado sobre las empresas de capital privado, simplemente porque no hay un solo peso que el estado haya puesto en su condición de tal en estas empresas. El Estado sólo se ha hecho cargo de las participaciones que el sistema previsional privado, es decir las AFJP, habían invertido en esas empresas. Lo que sucedió es que cuando se produjo el fenómeno de la reestatización del manejo de los recursos previsionales, el estado se encontró con que era socio en distintos porcentajes de 42 empresas.
Creo que hay que defender a rajatabla el derecho que tiene el Estado de representar su participación económica con representación política, y es necesario decirle a la gente que esa participación es siempre minoritaria, porque en ningún caso se supera el 30 por ciento, y que efectivamente sólo se podrá incidir en algunas decisiones que atenten contra el interés general.
Estoy completamente convencido de que buscar utilidades, por ejemplo a través de la participación de esas empresas, es una forma de fortalecer la acción que luego la propia ANSES podrá llevar a cabo ya sea ampliando beneficios para los jubilados a través de una mayor subvención en el valor de los medicamentos o incorporando al sistema a personas que no hayan podido completar sus aportes.