El gran resumen que puede hacerse, desde un enfoque económico, sobre la irrupción de la dictadura militar, es que tanto los trabajadores como las pymes fueron los mayores perjudicados. Hay heridas que tardan en cerrar. Una de ellas es la brutal caída del poder adquisitivo de los salarios, que sobrevivió muchísimos años y recién ahora está tendiendo a cerrarse, aunque con un gran costo. Esta reflexión tiene una arista muy actual, porque ese brutal despojo se hizo con la tesis de que los salarios alimentaban la inflación y su brutal reducción terminó alimentando las ganancias empresarias.
Para realizar el análisis del impacto de los cambios instaurados por la dictadura hay que considerar también lo realizado en el período de la Convertibilidad, porque son dos etapas distintas del mismo modelo, y en realidad, una continúa a la otra.
Porque durante los ’90, la clase trabajadora fue impactada por una terrible desocupación, que además presionó a la baja a los salarios, y fue hostigada por la desesperanza de no encontrar empleo o por el miedo a perderlo.
Es una paradoja: en la dictadura se intervinieron los sindicatos y con el miedo se disciplinó a los trabajadores para lograr la rebaja de salarios. En los ‘90, los sindicatos funcionaban, pero el gran disciplinador fue el brutal desempleo y la recesión.
El modelo neoliberal de valorización financiera y de apertura irrestricta de las importaciones perjudicó especialmente a la industria, tanto en la dictadura como en la década de 1990, y junto con el tipo de cambio sobrevaluado, fueron una combinación explosiva que se usó en ambos períodos.
La gran cantidad de pymes que cerraron, con el consiguiente capital perdido, significó un atraso terrible para el desarrollo de nuestro país, además de tener un fuerte impacto negativo en el empleo.
Se dejó que la política industrial la decidiera el mercado, y eso llevó a una gran concentración económica y extranjerización de la economía. Es precisamente lo contrario a lo que se está tratando de hacer con el modelo actual, pero las heridas fueron de tal magnitud que está siendo algo difícil cicatrizarlas.
El crecimiento de la deuda externa durante la dictadura fue como el cerramiento de los grilletes puestos a la soberanía, porque desde aquel momento la deuda fue la principal herramienta de dominación económica y financiera, y la que obligó a varios ministros de economía a ceder ante las pretensiones del FMI. Fue un proceso perverso, que tuvo dos hitos de endeudamiento: uno el de la dictadura, donde también actuó como elemento condicionante de las empresas públicas a las cuales se endeudó excesivamente, situación que fue utilizada luego para justificar las privatizaciones. El otro hito fue durante el gobierno menemista, en el cual la deuda se incrementó, más que por la refinanciación de intereses, por nuevos préstamos tomados para financiar los déficits fiscales y de las cuentas externas.
Este proceso explotó en el gobierno de De La Rúa por los altos intereses acumulados, y cuya solución fue, incluso, más dañina, ya que con el megacanje se llegaron a pagar tasas exorbitantes en dólares.
Otro de los principales cambios instaurados fue la política de privatizaciones, sobre la cual la dictadura no pudo avanzar, aunque sembraron la semilla con la Ley de Inversiones Extranjeras, que fue fundamental para asegurar a las privatizadas condiciones excepcionales. Es la Ley 21.382, que fue sufriendo modificaciones y cuyo texto ordenado fue sancionado por el decreto 1853/93 de Menem y Cavallo. Este decreto aún sigue vigente, y la idea fue ordenar la norma, para que no quedaran vacíos legales, e incorporar algunas modificaciones para poder encarar mejor las privatizaciones. Esta ley otorgó los mismos derechos a las empresas extranjeras que a las nacionales, y eliminó todo tipo de condicionamiento a los inversores externos.
La coronación de esta entrega al capital extranjero fue la firma de los 55 tratados bilaterales de inversión entre 1990 y el año 2000, que impiden hacer la más mínima diferencia entre capitales extranjeros y nacionales, y cuya denuncia para desactivarlos está aún pendiente.
Una pesada herencia que todavía arrastramos de la dictadura es la Ley de Entidades Financieras 21.526. Martínez de Hoz dijo al presentar esta ley: “Estamos introduciendo un cambio no sólo fundamental sino realmente estructural en el sistema institucional jurídico del sistema financiero argentino. Va a significar una verdadera revolución…” Esa revolución era la liberalización de las operaciones financieras, lo que en esa época era totalmente novedoso. La Argentina fue infortunadamente pionera en ese tema.
La ley sigue vigente y sin cambios sustanciales. Sirvió para el modelo de valorización financiera de la dictadura, para el modelo de la Convertibilidad, pero no está sirviendo para el modelo actual, que necesita una acción decidida del Estado para orientar las principales prestaciones financieras, desde el crédito a la producción hasta la ampliación de los servicios de pago a toda la población. Para lograr estos objetivos presenté el proyecto de Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social, una ley pensada desde las necesidades de los usuarios y no de los bancos.
Otra ley que hay que cambiar es la Carta Orgánica del BCRA, que en este caso no viene de la dictadura, pero viene de la dupla Menem-Cavallo, que presionó para quitarle herramientas al gobierno de turno a través de una –mal entendida– “independencia” del Banco Central.
Creo que hay que dejar en claro estas cuestiones, especialmente los fuertes lazos ideológicos entre el programa de la dictadura y el de Menem y su sucesor De la Rúa, porque todavía hay muchos actores políticos y sociales, que incluso participaron de esos gobiernos, que están proponiendo que la Argentina tiene que volver a transitar ese camino. Hay que mostrar, tantas veces como sea necesario, que el neoliberalismo llevó a la ruina al país, y al éxito de unos pocos capitales altamente concentrados.
Esta nota fue publicada en Tiempo Argentino el día 23.03.2011