La ley del 82% móvil votada la semana pasada por el senado y vetada posteriormente por la presidenta fue, en realidad, una ley absolutamente demagógica por parte de la oposición. Su función era forzar el veto por parte del gobierno. Todos sabían que eso era lo que iba a suceder.
Para comenzar a analizar el tema, creo que hay que decir algo que nadie dijo en todo este tiempo: que la ley tenía una enorme falla violatoria de la Ley de Administración Financiera que dice que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general, deberá especificar las fuentes de financiamiento.
Según la ley sancionada, el 82% móvil debía ser aplicado dentro de los 30 días corridos a partir de su promulgación. Por lo tanto, para lo que resta del año el ANSES debería desembolsar unos 9.280 millones, y 40.000 millones para el 2011. Sólo los 9.000 millones de este año equivalen a un año entero de la Asignación Universal por Hijo.
La oposición decía que, según sus cálculos, habría financiamiento para lo que queda de este año y para el 2011. Aunque esto sea cierto (cosa que no lo es), nada dijo acerca de las fuentes de financiamiento para los años subsiguientes.
Yo creo que ni la oposición ni el gobierno están dispuestos a profundizar en el tema del financiamiento, porque esto implicaría confrontar con los empresarios. La oposición prefiere decir que cuando hay voluntad política el dinero aparece, y el gobierno prefiere simplemente decir que no es posible, omitiendo decir la mitad de la verdad: que tomando ciertas medidas el 82% podría ser posible.
Por esto digo que este tema tenía un final anunciado, tanto oposición como oficialismo decidió seguir adelante, aún sabiendo cómo terminaría todo, porque todas las fuentes de financiamiento tendrían que salir de los que más tienen.