Acumular reservas internacionales es importante, ellas son una garantía para sortear en mejores condiciones el impacto de las crisis financieras externas, para sostener una flotación ordenada del tipo de cambio y para disipar cualquier posibilidad de una crisis financiera doméstica.Pero, a partir de un determinado nivel que garantice las funciones anteriores, las reservas pueden utilizarse para otros usos más eficientes.
Estoy de acuerdo con el pago de deuda con reservas internacionales, razón que me llevó a apoyar el derogado Fondo del Bicentenario y, luego, el Fondo del Desendeudamiento.
También tengo la firme convicción, compartida por el bloque, que su implementación por leyes del Congreso Nacional resulta una opción superadora, dando la discusión y los debates necesarios en el recinto, ejerciendo funciones que le son propias. Pero también es cierto que la necesaria celeridad en su implementación, antes de la pronta salida del canje de deuda, y la dificultad que se plantea para la sanción de las leyes, son razones que han llevado al Gobierno a implementar una herramienta válida que tiene a su alcance los decretos de necesidad y urgencia.
El conflicto planteado y la actual situación parlamentaria requieren la búsqueda de una solución negociada y sensata, que pueda destrabar la situación y permitir la mejor vía para la cancelación de la deuda.
La decisión de cancelar los vencimientos de la deuda pública de 2010 con reservas internacionales resulta valiosa por varios motivos. Desde un punto de vista estrictamente contable, porque las reservas rinden menos que lo que se debería pagar por los préstamos con los cuales se cancelaría la deuda. Pero, también otorga mayor solidez aun a la capacidad de pago de la deuda, lo cual debería redundar en una reducción de la tasa de interés a la que pueda financiarse nuestro país, al tiempo que reforzaría la concreción del canje de deuda.
Desde el bloque proponemos que la menor presión sobre el financiamiento que generará esta utilización sea empleada para incrementar el gasto social, afectación que requiere un amplio debate parlamentario, dado que al Congreso le compete la definición de los temas presupuestarios.
Esta es mi perspectiva, la misma fue publicada en la Revista Debate el 20-03-10