La actual Ley Nº 21.526 de Entidades Financieras deja las operaciones del sistema bancario al arbitrio de los bancos y de la política comercial fijada por cada uno de ellos en función del parámetro de la máxima rentabilidad. Esta norma es en gran parte la responsable del escaso nivel de crédito en nuestro país (12% del PIB) que es el nivel más bajo de toda América Latina. Y también de la aguda escasez de financiamiento productivo a largo plazo.
Es por ello que estoy trabajando en una nueva ley de Entidades financieras que sustituya la 21.526 de la dictadura. Una nueva ley que interprete al sistema financiero como un servicio público, pero confeccionada desde el interés de los usuarios y no de las entidades.
Con esta nueva ley se propone la implementación de aquellos cambios que permitan al sistema financiero contribuir eficazmente al desarrollo económico y social de nuestro país, para que los bancos respondan a parámetros de eficiencia social como la orientación del crédito a actividades específicas y a las pymes, determinadas regulaciones en las tasas de interés y la provisión de una cobertura universal de servicios bancarios.
Al igual que existe una calificación según distintos parámetros de solvencia y eficiencia, los cuales disparan distintas regulaciones y relaciones técnicas, la ley establecería la posibilidad de que el BCRA establezca parámetros de eficiencia social para una calificación de entidades que también influya en relaciones técnicas sobre capital, provisiones y rentabilidad. También dotaría al BCRA de la misión de establecer redescuentos para la orientación del crédito a determinados sectores y con tasas diferenciales.
Para lograrlo, los objetivos que se plantean en esta ley de Crédito Productivo y Cobertura Universal de servicios financieros contemplan:
La construcción de un amplio mercado de crédito bancario, centrado en el crédito productivo y el hipotecario para la vivienda, que constituye uno de los desafíos más importantes, pues se partirá de un nivel extremadamente bajo de financiación de la economía.
Democratizar el crédito, puesto que las carteras de préstamos bancarios reflejan una alta concentración por deudor. Por ello la ley fomentará los préstamos a las pymes.
Establecer las normas para la constitución de un Banco Nacional Público de Desarrollo, al estilo del BNDES brasileño, para que se impulse el préstamo productivo a largo plazo y esté orientado a fomentar el desarrollo de los sectores más dinámicos.
Lograr la cobertura universal para toda la población argentina, para que llegue a las localidades más pequeñas y a todas las familias.