Ámbito Financiero | Opinión
Si bien las autoridades continúan afirmando que hay “signos de recuperación en varios sectores” y que “se están recomponiendo fuertemente los ingresos, la masa salarial y las jubilaciones”, las estadísticas no estarían acompañando estas aseveraciones.
La actividad industrial se encuentra en valores muy cercanos a los niveles de la pandemia sanitaria. El Índice de Producción Industrial (IPI) de abril, publicado por el INDEC, marcó una caída interanual del 16,6%. Si bien en el mes hubo una leve variación mensual positiva del 1,8%, es un dato puntual y no se recupera la fuerte caída de marzo (-4,1%). De las 68 subdivisiones del índice, sólo 8 registran un incremento interanual. Esto no ocurría ni siquiera en el peor momento de la pandemia del Covid-19 cuando eran 11 las divisiones con crecimiento, tres más que ahora.
El sector de la construcción sigue la misma tendencia. La caída interanual del mes de abril (-37%) la ubica en uno de sus peores niveles históricos. La incidencia de la paralización de la obra pública se refleja en el mal desempeño de los insumos relacionados: asfalto, hierro y acero mostraron desplomes cercanos al 60% interanual.
Hace unos días el gobierno emitió un comunicado en el que destaca la “recuperación de los salarios reales” en abril. Tras dos meses de subas (marzo, +2,7% y abril, +6,7%), hay que decir que el crecimiento se produjo luego de una muy significativa caída, concentrada en un corto periodo (-19,2% entre noviembre 2023 y febrero 2024). Los datos no confirman una tendencia a la recuperación de los salarios, más bien son producto de la actualización de los convenios colectivos que se produce con posterioridad al aumento de precios.
En este contexto se conoció la semana pasada el IPC de mayo: 4,2% de variación mensual. Una vez más, el gobierno se encargó de celebrarlo, aunque no es ningún mérito lograr una desaceleración de la inflación sobre la base de una significativa caída de la actividad económica y de la demanda interna.
Ley de Bases y paquete fiscal
En medio de una repudiable actuación del Ministerio de Seguridad, que reprimió a la ciudadanía, entre ellos a diputados nacionales que se acercaron a las inmediaciones del Congreso de la Nación, el Senado dio aprobación en general a ambas iniciativas.
La de la Ley de Bases fue una votación muy ajustada, al punto que se obtuvo un empate con 36 senadores a favor e igual número en contra y fue la Vicepresidenta de la Nación quien, con su voto afirmativo, decidió la aprobación de la ley en general.
A pesar de que los proyectos originales quedaron muy reducidos, comparándolos con la propuesta que el Ejecutivo giró inicialmente a Diputados, la esencia de los mismos continúa siendo absolutamente dañina. Se mantiene la delegación de facultades (económica, administrativa, financiera y energética) por un año a un presidente que dice sin reparo alguno que es un “topo infiltrado en el Estado para destruirlo desde adentro”, lo cual constituye un enorme riesgo.
Una de las modificaciones importantes es la eliminación de la derogación de la ley de moratoria. Una propuesta que implicaba que quienes no llegasen a tener los años de aportes para jubilarse tuvieran que esperar a los 65 años para acceder tan sólo al 80% de un haber mínimo a través de la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM).
Se quitaron de la lista de empresas susceptibles de ser privatizadas a Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino, Radio y Televisión Argentina. En el listado de las factibles de privatizar o concesionar solo quedarían Enarsa e Intercargo; Aysa, Belgrano Cargas, Corredores Viales y Trenes Argentinos. En tanto, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima y Yacimientos Carboníferos Río Turbio podrán incorporar capitales privados pero con acciones mayoritarias del Estado.
Adicionalmente, se establecieron algunas limitaciones al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Se circunscribió a algunos sectores en particular: “foresto-industria, infraestructura, minería, energía y tecnología” y se agregaron “petróleo, gas, siderurgia y turismo”. Se estableció el compromiso de adquisición de insumos a proveedores locales “como mínimo el 20% de la totalidad del monto de inversión, siempre y cuando la oferta se encuentre disponible y en condiciones de mercado”. Se extendieron también los plazos de liquidación de divisas por las exportaciones que generen estas inversiones, aunque de todos modos, a partir de los cuatro años de la puesta en marcha de las mismas, estos inversores no tendrán la obligación de reinvertir o liquidar en el mercado de cambios argentino las divisas obtenidas por las exportaciones.
El problema es el RIGI y su esencia, que significa orientar las inversiones principalmente hacia sectores primarios a partir de amplios beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios. Es lo contrario a las políticas de incentivos concretos que se observan en muchos países desarrollados. La industria nacional y en particular las pymes, que ya están sufriendo las consecuencias más dolorosas del ajuste libertario, serán los principales sectores perjudicados. Los efectos negativos sobre el nivel de empleo no tardarán en llegar.
Finalmente, la Cámara de Senadores eliminó los capítulos sobre Bienes Personales y sobre la restitución del Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría, que implicaban una mayor regresividad impositiva.
El Poder Ejecutivo ha manifestado su intención de insistir en Diputados con la modificación del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales. En mi opinión, la Cámara de Diputados no puede insistir con los temas rechazados por el Senado. El sistema es bicameral y por eso los proyectos deben ser aprobados por ambas cámaras.
Las amenazas sobre el conjunto de la ciudadanía están más presentes que nunca, producto tanto del ajuste que se lleva a cabo, como de las reformas con las que se quiere destruir al Estado y configurar una sociedad basada en el “sálvese quien pueda”.